Reflexiones sobre la Pobreza Energética.

 La crisis económica y social que padecemos ha dejado al descubierto nuevas formas de desigualdad que se ponen de manifiesto con toda su crudeza en el seno de familias que han sido empujadas a situaciones de extrema necesidad. Ya no sólo se trata de llegar a final de mes y cubrir unas necesidades básicas clásicas como la alimentación o el vestir. En esta sociedad del Siglo XXI hay otras formas de manifestación de la pobreza que se traducen en las dificultades para acceder a las nuevas formas de comunicación, que crea una fractura social entre quienes tienen recursos y quienes no los tienen de acceder a ellas, o lo que se ha denominado la pobreza energética. El concepto incluso encuentra ya una definición más o menos aceptada como la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener una vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para su salud, o mantener un suministro de energía suficiente para satisfacer el uso de las instalaciones del domicilio o simplemente tener agua caliente en casa. Hay situaciones tan dramáticas en las que muchas familias se ven obligadas a elegir entre poner la lavadora o hacer el carro de la compra. En Canarias, por nuestra situación climatológica esta pobreza energética se pone de manifiesto de un modo más sutil, menos crudo que en territorios peninsulares donde el inverno más duro se hace notar, aunque son constantes otras manifestaciones como los cortes de energía eléctrica o el de suministros de agua en los hogares de las islas. Este fenómeno ha sido ya abordado por el propio Comité Económico y Social Europeo ( CESE ) que en varios de sus dictámenes apunta a medidas para evitar y prevenir la pobreza energética en Europa. También la Comisión que ya ha dictado desde el año 2009 Directivas que obligan a los Estados miembros a tener en cuenta la pobreza energética en sus políticas para este sector. Normativa europea que va en una doble dirección. Garantizar un suministro digno para las necesidades en condiciones mínimas asociadas a la vivienda habitual de familias en situación de riesgo, y por otra, en prohibir la desconexión a clientes en situación crítica. 

Pero la realidad es que la legislación española nada ha avanzado en esta materia y leyes como la 24/2013 del sector eléctrico se han limitado a un maquillaje en esta materia. Se calcula que son aproximadamente cuatro millones de personas en España las que viven en esta situación de pobreza energética. Situación que se ha visto agravada por el caos normativo y regulatorio del Ministro Soria en esta materia que se ha traducido en unas subidas constantes del recibo de la luz. El dato de la subida del recibo en el mes de julio tras el nuevo sistema de tarifas es un claro ejemplo. La solución no pasa únicamente por introducir nuevos mecanismos de protección en la normativa, que está bien, y puede resolver momentáneamente la situación para algunas familias. La solución pasa por un volver a colocar al Estado, es decir a lo público, a la política, en el lugar que corresponde respecto de la intervención en los sectores estratégicos de la economía. Aquellos además que tienen una incidencia mayor en la vida cotidiana de las personas como las telecomunicaciones, el transporte o en este caso la energía. A medida que se ha avanzado en la liberalización del sector, bajo el pretexto de que la competencia sería buena para el consumidor final, el Estado se ha ido retirando cada vez más en su papel de árbitro y de garantía frente a los ciudadanos de los excesos propios de un sistema desregularizado. De ahí la importancia, de que la política y lo público recuperen terreno. El camino pasa sin duda por garantizar el derecho al acceso digno a las fuentes de energía al máximo nivel, además de una política pública de regulación del sector más agresiva. Es curioso como los grandes debates sobre modelos energéticos o sobre la dependencia de España de suministros exteriores casi nunca colocan al ciudadano en el centro de la misma. Por todo ello, uno de los grandes retos que tenemos por delante es la pelea por una especie de salario mínimo interprofesional energético para todas las familias de este país.