Seis días después de la entrada en vigor de la Constitución Española, el 3 de enero de 1979, Marcelino Oreja firmaba en su calidad de Ministro de Asuntos Exteriores, en la Ciudad del Vaticano, un conjunto de acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede que configuran el conocido como Concordato con la Iglesia Católica por medio del cual España regula sus relaciones con esta confesión religiosa. Un acuerdo que vincula a España como estado con el Vaticano y que fue negociado desde 1976 por políticos predemocráticos vinculados a la Asociación Católica Nacional de Propagandistas. Por lo que, aunque formalmente estamos ante un acuerdo posterior a la Constitución, no lo es desde el punto de vista material. De difícil encaje, salvo por la necesidad de consenso de la transición, con el principio aconfesional consagrado en el texto de 1978.
El concordato extiende su influencia sobre toda la legislación y compromete internacionalmente la voluntad de España, generando responsabilidad por su incumplimiento. España ha queda así hipotecada por un Concordato, que tan solo puede modificarse con un nuevo acuerdo entre España y la Santa Sede y que no prevé la posibilidad de renuncia o retiro unilateral, siendo nula cualquier ley o disposición normativa de rango inferior contraria a sus disposiciones. Casi cuarenta años después los tiempos, y sobre todo la exigencia de la ciudadanía de la revisión de cualquier privilegio institucional, de un nuevo acuerdo social, hace que esta anomalía de nuestro sistema democrático deba finalizar. Y con ello, y garantizando la libertad de culto de los católicos y de cualquier otra confesión religiosa, separar definitivamente al Estado de la Iglesia.
Privilegios como los que se contienen en ese acuerdo respecto de la educación católica, la inviolabilidad de archivos y registros de la Iglesia, una jurisdicción propia con efectos civiles en materia matrimonial. Ventajas fiscales como la exención en el pago del IBI. Son hoy insostenibles en este clima de cambio y transparencia que la ciudadanía ha impuesto como hoja de ruta a los responsables políticos.
Dicho esto, el PSOE ha sido y es un partido que mantiene entre sus ideas programáticas la laicidad del Estado, y por tanto favorable a dar por terminado el concordato con el Vaticano. Sin embargo, renunció en su momento a esa idea en favor de algo más importante hace 40 años como era la necesidad de darle a España un periodo largo de paz, libertad y democracia. Y durante los años que ha tenido la responsabilidad de gobernar nunca lo hizo con independencia de la tensión más o menos dura que ha tenido con la Conferencia Episcopal. Especialmente durante el mandato de José Luis Rodriguez Zapatero en asuntos como el divorcio exprés o el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero los tiempos han cambiado, los ciudadanos ya han superado esa etapa, y esa anomalía democrática que es el Concordato es hoy por hoy insostenible. Ante esto, el PSOE ha vuelto a reaccionar tarde y mal. Y con una propuesta confusa, que se queda en tierra de nadie, y que le vuelve a desdibujar ideológicamente. Ha amenazado, creo que por tercera vez, con denunciar el Concordato. Pero siempre como una reacción ante la ofensiva ideológica de la derecha española. Esta vez el detonante han sido la revisión de la ley que regula la interrupción voluntaria del aborto y el proyecto de ley educativa del PP que propone recuperar la religión como una asignatura plena en el sistema escolar español. Y esto, estas amenazas ya no sirven. La base ideológica y social del PSOE, en seria crisis de identidad en estos momentos, ya ni cree las amenazas ni las quiere. Por eso, el PSOE no debe amenazar con la denuncia y la revocación del concordato en caso de que los proyectos conservadores del PP continúen su marcha en las cortes. Debe proponerlo sin condiciones. Y con independencia de lo que hagan o dejen de hacer sus rivales políticos. No pude ser una reacción ante una deriva conservadora que ha decidido romper consensos fraguados en la transición cada viernes. Debe ser una apuesta decidida, firme y comprometida. Denunciar el concordato, pase lo que pase, y haga lo que haga la derecha de este país. No volver a amagar sino comprometerse con un estado definitivamente laico cuando los ciudadanos vuelvan a depositar la confianza en el PSOE.
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