CIUDADANO CONSUMIDOR.

Hoy si hay algo en lo que se proyecte nuestra condición de ciudadanos con mayor nitidez es sin lugar a dudas en nuestra condición de consumidores. La gente en su día a día, en su vida cotidiana, rara vez siente de una manera intensa su condición de ciudadano en el modo más clásico en cuanto a su relación con el poder o con la política. Y cuando es así normalmente tiene que ver con su relación con un servicio público, ( la sanidad, el abastecimiento de agua, el suministro de energía eléctrica, etc ), lo que desde luego se proyecta como una modalidad de consumo. 

Es en esta condición, en la de consumidor, en la que el ciudadano se siente más abandonado y desasistido en su vida real por los poderes públicos, por las administraciones, en definitiva por la política.

Cuando un ama de casa, un trabajador, un jubilado se pelea con su compañía de telefonía móvil, con su entidad financiera o con la empresa que le suministra la energía eléctrica, es donde de forma más directa siente que las administraciones públicas, lo público, no le sirve, no le es útil. Más allá de los grandes debates políticos, sin duda importantes, los ciudadanos echan en falta que alguien en política hable de las cosas que más incidencia tienen en su día a día. Por eso, los grandes debates políticos no cuentan con una gran audiencia ciudadana. Básicamente la gente no siente que le estén hablando de sus problemas cotidianos que no son otros que los problemas que tiene como ciudadano consumidor ante las grandes empresas y las grandes multinacionales. Esa sensación de indefensión hace que cale en la gente la idea de que la política no le sirve para resolver sus problemas, los suyos, los cotidianos, los que de verdad le afectan. Resulta al mismo tiempo paradójico que los políticos le dediquemos tan poco tiempo a hablar de esas cosas. De los derechos de los consumidores ante las grandes corporaciones y multinacionales para las que tienen la sensación de trabajar. Cualquier familia de España dedica casi el 80 % de su salario a pagar servicios suministrados por grandes empresas. Los gastos normales de una unidad familiar suelen ser el dedicado a la vivienda ( sector financiero ), agua y luz ( sector de las energías ), teléfono y servicios de internet ( sector de las telecomunicaciones ). Sin embargo, los avances en su protección frente a esto son lentos y débiles. Sin embargo, la capacidad de estos sectores de imponerle las condiciones en las que les presta estos servicios y lo que deben pagar por ello son cada vez más altas. Es aquí en donde se fragua la idea de que la política, que lo público no tiene capacidad de controlar al poder económico. En ningún otro campo como en la defensa de los ciudadanos como consumidores. De ahí la necesidad de que además de los grandes discursos, los políticos, las administraciones, bajen al terreno de lo concreto, al terreno de servir de verdad como árbitro en la relación siempre desigual entre consumidores y grandes empresas.